En los últimos tiempos hemos
visto a EPN y al PRI lanzando un programa de reformas que se asumen como
necesarias y que entroncan fundamentalmente en el fin de impulsar el crecimiento
económico del país a través del fomento a la inversión privada. Se trata,
además, de un programa de reformas que se construye sobre un fundamento
invariable: Más sacrificios para los mexicanos. Se castiga a los factores
productivos imponiéndoles mayores y más amplias cargas fiscales - reforma
fiscal -. Se sacrifica a los trabajadores porque se anulan logros
institucionales en materia laboral a fin de someterlos a las fuerzas automáticas
del libre mercado y, con ello, facilitar más la inveterada y boyante explotación
de los mismos - reforma laboral -. Se sacrifica a los mexicanos ordinarios en
su condición de consumidores con un IVA camuflado, ya que es de máxima
verosimilitud que los impuestos ampliados e incrementados al capital privado
sean transferidos al consumidor vía aumentos de precios a productos y servicios.
Se sacrifica a los mexicanos porque se pretende expropiar la renta petrolera a
favor del capital privado global con el pretexto del impulso a la inversión. Y
finalmente, se sacrifica a la incipiente democracia porque la resistencia de
amplios grupos sociales a este programa de reformas ha llevado a EPN y asociados
a declarar sin ambages que ellos no gobiernan para la opinión y felicidad de la
sociedad, sino para el arbitrio de su opinión y felicidad, lo cual nos reduce a
una situación donde México es gobernado por una junta de déspotas
"ilustrados" que han creído encontrar en el sacrificio de los
mexicanos ordinarios la solución para el crecimiento. Y por cierto que lo único
que no se sacrifica en este programa de reformas son el estatus y los ingresos
de un grupo social especializado en el ocio y el saqueo de la nación llamado:
Clase política oficialista.
Vamos a mostrarle a EPN y
compañía que el crecimiento económico en este país puede alcanzarse con mayor
amplitud, potencia y certidumbre, por una vía que no implica más sacrificios a
los mexicanos y que se llama: Estimulo al gasto de las familias mexicanas. A
grandes rasgos, esta vía podría disparar un círculo virtuoso que empieza por
ampliar el poder de compra de los mexicanos. Una vez logrado esto, se
amplifican el mercado interno y las oportunidades de inversión para los capitales
local y foráneo, lo cual luego alienta la producción, el empleo y el
crecimiento. Y a más crecimiento, más derrama hacia los factores de producción,
más consumo de los hogares, y vuelta a empezar. Y no puede haber dudas respecto
al enorme poder generatriz de esta vía en el crecimiento si tan solo tenemos en
cuenta los siguientes datos del Banco Mundial: El gasto final de consumo de los
hogares en México representa aproximadamente un 65 % del PIB entre 2009 y 2013,
en tanto que la formación bruta de capital o inversión bruta solo representa un
25 % en el mismo periodo de tiempo.
Pero algunos pensarán que esto de
estimular el gasto de las familias para impulsar el crecimiento suena a
populismo inflacionario en virtud de que esto implicaría la previa impresión de
billetes sin respaldo productivo para luego ser repartidos entre las familias mexicanas.
Otros pensarán que se trata de una falacia al considerar que todo estímulo al gasto
de las familias postula un previo estímulo a la inversión y el empleo: Si no
hay más y mejores empleos – dirán esos algunos-, no hay mayor poder de compra
en las familias. Sin embargo, estas objeciones son aceptables solo en el
pizarrón, en el libro de texto, porque en el caso particular de México existen
condiciones especiales que permiten estimular el gasto de las familias sin
tener que imprimir billetes y sin tener que disparar con antelación el gatillo
de la inversión. Y para ver esto, déjeme contarle antes una historia del mundo real.
Una breve historia de explotación
de los trabajadores mexicanos:
La derrama de los beneficios de
la economía a toda la sociedad depende en buena medida de la correcta operación
de los mercados de factores de producción bajo supervisión del Estado a través,
sobre todo, de una política laboral justa. En este sentido, los mercados de
factores y el Estado vienen a ser una suerte de sistema circulatorio a través
del cual se derraman esos beneficios hacia toda la población. Si el sistema de
circulación funciona bien, hay derrama, crecimiento y abatimiento de la
pobreza; pero si funciona mal, se genera mayor desigualdad y pobreza y se
obstruye el potencial de crecimiento. Ahora bien, si hablo de política laboral
justa del Estado no es sino porque se reconoce ahora que ésta es necesaria para
el correcto funcionamiento del mercado de trabajo en términos, no de
eficiencia, sino de dignidad humana y bienestar. Y esto ha sido así porque la
experiencia histórica acumulada en torno a la realidad del mercado de trabajo
nos ha demostrado que, cuando éste es dejado libre en determinadas
circunstancias – exceso de oferta, etc. -, el mismo no logra establecer
salarios que permitan al menos la sobrevivencia y reproducción del factor
trabajo, y menos su existencia en condiciones dignas en lo material, social y
cultural. El reconocimiento de esa debilidad del mecanismo automático del libre
mercado se debe al trabajo crítico de muchos economistas - utilitaristas,
especialmente - desde el cual surgió la institución del salario mínimo como una
solución racional orientada a evitar los automatismos inhumanos del mercado
libre, que son causa de pobreza y desigualdad, a través de la fijación de mínimos
de salario que garanticen una "vida digna" para el trabajador.
Pero en el caso de México la
historia del salario mínimo dista mucho de ser la historia de la construcción
de una vida digna para los trabajadores. Antes bien, es la historia de la
precarización de la clase trabajadora. Vea.
Luego de una historia de ascenso
con paso errático, el salario mínimo real en México logró alcanzar su máximo
histórico en el año de 1976. Pero a partir de ahí comienza su largo proceso de
descenso hasta nuestros días. Este proceso de decadencia se acentúa sobre todo
en la década de los 80 con el arribo del neoliberalismo, tiempo en el cual se
establece como norma el criterio de fijar el salario mínimo de acuerdo a la
inflación esperada para el año siguiente. Solo inmediatamente después de la
crisis de 1994-1995, al final del sexenio de Carlos Salinas, el salario mínimo
real alcanza su virtual sótano y se mantiene ahí prácticamente estancado en su
valor real. En general, se estima que el salario mínimo actual es
aproximadamente solo el 25 % del salario mínimo de 1976, lo que significa una
pérdida real de poder adquisitivo de casi el 75 %. Y todo este proceso
decadente del salario mínimo real se ha traducido en una participación cada vez
menor de los trabajadores en el ingreso nacional no obstante que su
productividad ha crecido. Se calcula que entre 1993 y 2011 la productividad
creció en casi 147 %. Si en teoría esto debería reportar un aumento en el
salario mínimo real, por el contrario, éste cayó alrededor de 30 %. En este
mismo período las ganancias del capital como proporción del PIB han pasado de
un 46% a un 54%, en tanto que las remuneraciones al trabajo han caído de un 29%
a un 25%. Evidentemente, esa pérdida neta de los trabajadores ha ido a parar en
la forma de mayores ganancias para el capital, especialmente la de los grandes corporativos empresariales. Y toda
esta historia de caída en el salario mínimo real ha llevado a México a ser
considerado como miembro del selecto club de países con salarios más bajos a
nivel planetario, por abajo incluso de algunos países de África y Centroamérica
que reportan niveles de desarrollo significativamente menores a los de México.
Todo este proceso de precarización
de los salarios y el trabajo en México se ha dado a través de dos mecanismos
perversos básicamente: Inflación real y escamoteo de productividad. Dijimos que
los salarios mínimos se fijan de acuerdo a la inflación esperada para el
siguiente año. Si la tasa de inflación real es mayor que la tasa de inflación
esperada - que es lo habitual -, esto se traduce en pérdidas para el trabajador
ya que éste tendrá que pagar precios más altos que los que fueron usados para
calcular el salario mínimo vigente. Es desde aquí que se explica el grueso de
la disminución histórica del poder adquisitivo del salario mínimo que ya vimos
arriba. En el balance, esta pérdida del trabajador se traduce en ganancias
netas para el empresario vía precios mayores a los esperados en sus mercancías
y servicios. Ahora bien, a mayor productividad de una economía, más capacidad
de la misma para producir más mercancías en menos tiempo y a precios más bajos.
Este beneficio de la productividad debería compartirse entre capital y trabajo
porque la productividad de una economía es resultado de los avances
tecnológicos y de la habilidad y el capital humano de los trabajadores. Sin
embargo, en México la productividad no es tomada en cuenta a la hora de fijar
el salario mínimo, lo cual se traduce en una transferencia neta e ilegítima de
ganancias para el trabajo en favor de las ganancias para el capital.
La dimensión de este problema se
hace más patente cuando acudimos a los datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo del INEGI: Al segundo trimestre del 2012 existían en México
poco más de 18 millones de trabajadores con un ingreso por trabajo no mayor a
dos salarios mínimos, lo cual equivale a $ 120 por día o $ 3,600 al mes como
máximo - salario mínimo de $ 60 para esa fecha del dato -. Con una carga de dependencia
familiar de 2.5 por cada persona ocupada, esto nos habla de 45 millones de
mexicanos en esta situación de virtual marginación.
Como comentario al margen, jamás desprecie
este problema del salario mínimo pensando que usted no se ve afectado porque no
gana un salario mínimo. Nada más errado que esto. Usted debe tener muy en
cuenta que la mayoría de los acuerdos laborales en este país se construyen en
torno al eje de gravedad del salario mínimo. Y siendo un eje muy erosionado,
muy devaluado, es consecuencia forzosa que todo acuerdo laboral esté devaluado
en detrimento del trabajador y muy a favor del dueño del capital.
Pero el pecado de la avaricia en
el capital y los políticos ha llevado su propia penitencia. Resulta que ese
afán del capital privado por maximizar ganancias a costa del poder adquisitivo
del trabajo ha terminado por quebrar a la misma lógica de la economía de
mercado. Esto es así porque la disminución del poder adquisitivo de los
trabajadores se ha reflejado en un adelgazamiento del mercado interno al grado
de que las mercancías y servicios producidos por el capital privado ya no
encuentran salida, no se venden al ritmo o tasa necesaria para la reproducción
creciente de la misma economía, lo cual ha disminuido las oportunidades de
inversión y el potencial de crecimiento. La solución que los grupos de capital
privado diseñaron a este cuello de botella interno que ellos mismos generaron
con su avaricia desmedida, fue orientar su producción al mercado externo de
manera preferente. Esta solución tiene algún sentido, no se puede ocultar: Si
lo trabajadores mexicanos – mercado interno - no tienen la capacidad de consumo
necesaria por estar demasiado exprimidos, hay que enderezar el esfuerzo de
venta hacia los consumidores de otros países –mercado externo -, especialmente
del primer mundo. En esta parte de la historia el modelo neoliberal mexicano ha
buscado insertar a nuestro país en la famosa “globalización” en calidad de
oferente de mano de obra muy barata a fin de atraer inversión y fomentar así el
crecimiento económico. Al final, esto nos ha convertido en una economía
productora de bienes y servicios de bajo valor para el mercado interno - para
pobres –, de bienes y servicios de alto valor para el mercado externo, y
altamente dependiente del exterior.
Sin embargo, la solución del
exterior no es perfecta. La crisis de las hipotecarias del 2008 nos da una
muestra fehaciente del problema de la dependencia de México resultante de este
giro preferente hacia el mercado externo: Una vez que la demanda en el primer
mundo se deprimió por la crisis y sin poder levantar hasta la fecha, la
economía mexicana se desinfló hasta caer en recesión. Y este problema de
dependencia externa es todavía más grave si consideramos que la avaricia de los
grupos de capital privado de los países desarrollados ha llegado al exceso de
depredar ya sobre sus propios ciudadanos en sus países nativos - EUA,
Inglaterra, España, Irlanda, etc. -, con lo cual su capacidad de consumo - mercado
externo para nosotros - se ha ido deteriorado seriamente y metiendo a México en
un callejón sin salida. En efecto, los grupos de capital privado mexicanos no
tienen forma ya de realizar su ciclo económico de manera satisfactoria y
sostenida ni en el mercado interno ni en el mercado externo.
Para crecer con justicia y con relativa
autonomía:
Lo anterior le da a usted a
grandes rasgos el porqué de un gran problema de injusticia económica en México,
como es la existencia de un selecto club de magnates de orden global montado en
el lomo de un ejército de miserables cifrado en decenas de millones de seres
humanos que hacen poco más de la mitad de la población: La manipulación
perversa del salario mínimo por parte de los regímenes del PRI y el PAN para
generar una transferencia ilegítima de riqueza desde los trabajadores mexicanos
al capital privado. Y esto tiene un nombre muy simple en la economía crítica:
Explotación institucionalizada de los trabajadores.
Bien, pero resulta que la forma
en que podemos impulsar el crecimiento económico del país sin reportar
sacrificios a los mexicanos es precisamente resolviendo primero y antes que
nada este problema de injusticia económica. En efecto, si restituimos el poder
de compra expropiado a los salarios por el capital privado desde 1976 en
automático se estimularía al gasto de las familias, y esto dispara a su vez un
círculo virtuoso para la economía: Se amplifican el mercado interno y las
oportunidades de inversión para el capital local y foráneo, luego la producción
y el empleo crecen, y luego la economía como un todo empieza a crecer, y vuelta
a empezar. Las bondades de esta vía del gasto de las familias frente al modelo
neoliberal y sufriente de EPN y el PRI que, para variar, privilegia al capital
privado – inversión como eje de todo -, son más que claras. Señalaré las
siguientes bondades.
Primera: El gasto de las familias
tiene el mayor poder generatriz en crecimiento económico porque hablamos de la
partida más importante del PIB. Pero además, los montos a restituir en poder de
compra al salario de los trabajadores es bastante significativo: Aproximadamente
el 75 % del salario mínimo de 1976.
Segunda: La vía del gasto de las
familias no sacrifica a nadie en virtud de que solo se le restituiría a los
trabajadores algo que se les ha escamoteado desde 1976: El poder de compra de
su salario. El capital privado no debería asumir esto jamás como un sacrificio o
castigo en tanto esa riqueza que se ha apropiado por decretos no le pertenece
legítimamente. Solo se le pide que lo devuelva a sus legítimos propietarios:
Los trabajadores. No hablamos tampoco de que se restituya el robo o despojo
acumulado contra los trabajadores desde 1976, porque sería mucho pedir, sino
tan solo que cese ese proceso perverso de precarización del salario mínimo y se
restituya su poder de compra.
Tercera: La vía del gasto de las
familias no sería inflacionaria si el Estado se cuida de establecer un
verdadero pacto con los propietarios del capital privado - no una baladronada
como el llamado Pacto por México - para evitar que las mejoras salariales para
la restitución del poder de compra sean luego transferidas a los consumidores -
que no son sino los mismos trabajadores - vía incrementos de precios-. Hacer
esto obligaría a los propietarios del capital privado a internalizar y resolver
la restitución de los salarios al trabajador vía incrementos en la
productividad, no de precios. Si este pacto no es establecido con rigor, sería
altamente probable que el capital privado transfiriera las mejoras salariales a
precios, lo cual nos volvería al estado inicial de injusticia económica pero en
un marco de alta inflación. Algo semejante está pasando en Venezuela en estos
momentos: Los grupos empresariales golpistas de FEDECAMARAS están anulando
desde tiempo atrás las mejoras salariales del chavismo a través de aumentos de
precios, lo cual explica en parte la alta inflación de aquel país.
Cuarta: La vía del gasto de las
familias evita la supuesta “necesidad” de privatizar la renta petrolera porque
en automático se anula el pretexto público de esta privatización: “Es lo único
que podemos hacer para incentivar la inversión privada y el empleo”. Tome en
cuenta que jamás se podría igualar el escaso poder generatriz de esta medida
privatizadora con el poder generatriz del incentivo al gasto de las familias a
través de una política para la restitución del poder adquisitivo de los
salarios. Por lo menos nos queda claro que la expropiación del petróleo a favor
del capital privado no es la única alternativa.
Quinta: La vía de la restitución
del poder de compra de los salarios – o gasto de las familias - generaría un
crecimiento con amplio impacto en materia de bienestar social y atenuación de
la pobreza toda vez que el problema de injusticia económica se habría resuelto
al principio, antes de detonar el crecimiento. Esto implica que toda derrama
del crecimiento subsecuente se dé en términos de justicia.
Sexta: La vía del gasto de las
familias restituye de paso la lógica intrínseca de la economía de mercado. Al
derramarse los beneficios del crecimiento sobre los ciudadanos con justicia y
de acuerdo a las reglas del juego económico, no por la vía de los latrocinios
institucionalizados – ver la historia del salario mínimo en México -, no hay
razón para que se generen cuellos de botella con problemas de subconsumo o
falta de capacidad de compra en el mercado interno.
Séptima: La vía del gasto de las
familias, al amplificar significativamente el poder de compra y el mercado
interno, nos libera de la alta dependencia del mercado externo.
Octava: La vía de gasto de las
familias honra la misión fundamental de la política cuando entendida en su más
amplia y noble naturaleza: Construir relaciones políticas, sociales y
económicas que estén normadas por la justicia. Cierto, porque restituir a los
trabajadores lo que se les ha hurtado desde 1976 en favor del capital privado,
es instalar el imperio de la justicia en las relaciones económicas entre los
mexicanos.
El modelo neoliberal de EPN y el
PRI: Crecimiento con injusticia, clasista o no democrático.
Al lector puede parecerle casi
imposible el esperar que los grupos de capital privado en este país accedan a
restituir a los trabajadores lo mucho que les han escamoteado en poder de
compra desde 1976. Más imposible podría parecer que la clase política
oficialista accediera a poner en vías de hechos una política económica como
ésta, siendo que está avasallada a los grupos de capital privado. Yo mismo
reconozco que es casi una quimera esperar algo como esto en nuestras
circunstancias, donde imperan condiciones de completa pudrición moral y avasallamiento
en la política. Y me queda claro que el pesimismo con respecto al deber ser en
este asunto nos da una medida exacta de la tremenda contaminación que el mal ha
llevado a la conciencia y la voluntad de muchos mexicanos porque, pese a que
reconozcan por los datos duros que el capital privado ha esquilmado el poder de
compra de los trabajadores con la connivencia de la clase política oficialista,
están mejor dispuestos a aceptar sin escrúpulos esos actos inmorales antes que
a corregirlos con la idea del deber ser por la vía de la política. Sin embargo,
nuestro pesimismo a este respecto no es pretexto para dejar de reconocer lo que
ya hemos visto aquí, en este escrito: Que esa restitución en favor de los
trabajadores es una verdad de razón en el deber ser, que es lo único que puede
hacer posible la existencia de la justicia en el contexto de las relaciones
económicas de nuestra sociedad, y que es una opción poderosa para hacer posible
un crecimiento económico con justicia, sin sacrificios y sin expropiaciones
sobre los mexicanos.
Es así que he escrito esto con la
intención puesta en demostrarle a usted que lo que el régimen de EPN arguye
para justificar los sacrificios - reforma laboral y fiscal - y expropiaciones -
reforma energética - a cargo de los mexicanos que derivan de su programa de
reformas es solo una ingrata y miserable mentira. Y creo que hemos cumplido
este objetivo con solvencia porque ya nos queda claro que los sacrificios sobre
los factores de producción y que la expropiación de la renta petrolera no son
cosas necesarias o inevitables para el crecimiento tal como afirman EPN y
asociados. Antes bien, hemos demostrado que hay al menos una alternativa muy superior
a esa propuesta priista por su mayor potencial para impulsar el crecimiento, por
su carácter inocuo al no reportar sacrificios y expropiaciones a cargo de los
mexicanos, y por su aporte a nuestra independencia económica, y que es: La
instauración de la justicia en las relaciones económicas empezando por la
restitución del poder de compra de los trabajadores.
En diversos escritos en este
diario hemos demostrado que el modelo neoliberal de EPN y el PRI solo puede
procurar un crecimiento enjuto, volátil y con poco impacto en el bienestar
social, porque es un modelo que, antes que anular la injusticia económica
prevaleciente como punto de partida, la fomenta con algunas de sus reformas –
laboral, fiscal y energética –. No es sino por ello que los priistas afirman al
sacrificio de los mexicanos - más explotación del trabajo y más expropiación de
los bienes nacionales - como medidas necesarias o inevitables para fomentar a
la inversión privada – la variable bajo control de los propietarios del capital
privado -. En semejantes condiciones, dicho modelo solo puede generar un
crecimiento que agrave la misma injusticia con su derrama en la forma de más concentración
de la riqueza y más pobreza, lo cual magnifica a la postre el mismo quiebre de
la lógica interna del sistema de mercado. Pero además, y como ya está visto, se
trata de un modelo que pretende expropiar la riqueza petrolera de los mexicanos
bajo el pretexto ridículo y absurdo de ser la única forma posible para
reactivar la inversión y el empleo. Ya sabemos ahora que esto no es cierto, que
es una paparrucha mental de los priistas.
Un verdadero estadista siempre se
aplica en instalar la justicia en las relaciones de los ciudadanos como
condición previa a toda medida de política. Esto, porque sin justicia no hay derrama
justa y menos crecimiento y progreso sostenidos. Sin embargo, EPN y asociados
desean un modelo de crecimiento fundado en injusticia, para la depredación
continuada de unos cuantos privilegiados - capital privado y clase política
ociosa - sobre los muchos sacrificados de siempre: Los mexicanos ordinarios en
su condición dual de trabajadores y consumidores. Es claro, pues, que EPN y
asociados son, no estadistas, sino políticos corrientes, ordinarios.
Cierto, es la misma historia de
siempre en este país: Una guarnición de mercenarios que explota y expropia a su
propio pueblo.
Buen día.
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