En lo que va del mes de marzo se va desarrollando una guerra de declaraciones y amenazas entre algunos políticos estadounidenses y AMLO por el explosivo crecimiento en el consumo de fentanilo en EUA y sus graves efectos negativos en la salud pública.
En este artículo vamos a probar
que esos políticos estadounidenses están equivocados en su posicionamiento y
que su propuesta de solución no solo no resolvería el problema del consumo de
drogas en los EUA, sino que también acarrearía resultados contraproducentes que
podrían ser desastrosos para los dos países. Para iniciar, haré una breve
historia de los argumentos y acciones de los políticos estadounidenses que nos
servirá como soporte documental. En un siguiente artículo me ocuparé en el
análisis de los argumentos y acciones de AMLO.
Una breve historia de la guerra política del fentanilo:
Las bases argumentales que
servirían para iniciar una guerra política contra AMLO se empezaron a construir
a principios de este año. El 12 de enero pasado los congresistas republicanos
Dan Crenshaw y Michael Waltz presentaron una iniciativa de ley que llamaron “H.J.Res.18
- AUMF CARTEL Influence Resolution”. El propósito de esta iniciativa es el
siguiente textualmente: “Autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia
relacionada con el fentanilo hacia los Estados Unidos o llevar a cabo otras
actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el Hemisferio
Occidental.”
El día 8 de febrero pasado 21
fiscales estatales de los EUA demandaron al presidente Joe Biden que
clasificara a los cárteles del narcotráfico en México como terroristas,
arguyendo que esos cárteles son la causa del crecimiento alarmante de muertes
por el consumo de fentanilo en aquel país, y que su eficiencia operacional y su
alto nivel de violencia ya habían superado a las instituciones judiciales
tradicionales.
Enseguida se reforzaron esas
bases argumentales con el “juicio de expertos” a través del Procurador de
Justicia de EUA, Merrick Garland, y de William Barr, quien fue Procurador de
Justicia con Donald Trump, pero que ahora es enemigo de Trump. Esto sucedió de
la siguiente manera.
El 1 de marzo compareció ante el
Comité Judicial del Senado el Procurador de Justicia Merrick Garland. El
senador Lindsey Graham le pidió al interrogado que hiciera algún
posicionamiento sobre la crisis del fentanilo en aquel país, a lo cual Garland
respondió de la siguiente manera: “Es una epidemia horrible, pero es una
epidemia desatada a propósito por los cárteles de Sinaloa y Jalisco.” Enseguida
Graham le pidió a Garland su juicio sobre la eficiencia con que México estaba
combatiendo este problema. La respuesta de Garland fue la siguiente: “Nos están
ayudando, pero podrían hacer mucho más. No hay dudas al respecto.”
El 2 de marzo William Barr
publica un artículo en el Wall Street Journal donde afirma que es momento de
que EUA intervenga militarme en México para combatir a los cárteles del
narcotráfico, poniendo como justificaciones los problemas de salud y económicos
que está ocasionando en aquel país la epidemia de consumo de drogas, el
carácter terrorista de esos cárteles, y el hecho (para él) de que AMLO es el
“facilitador en jefe de los cárteles”. Y añade otro instrumento legal para justificar
la intervención militar en México: el derecho internacional. Según Barr, cuando
un país es causa de una “depredación contra sus vecinos” y “no quiere o no
puede” anular ese daño, el derecho internacional autoriza la intervención
unilateral de otros países en ese país depredador.
Con esos dos “juicios de
expertos” quedaron terminadas las bases “argumentales” y se dio arranque a la
guerra política contra AMLO. Para efectos prácticos, la guerra la inició
William Barr con su artículo en el Wall Street Journal.
El día 3 de marzo ocurre el
secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, donde resultaron
muertos dos de los secuestrados. Este hecho trágico provocó una escalada
explosiva en la guerra contra AMLO. Más políticos estadounidenses se sumaron a
la guerra y la misma creció a más y mejor en agresividad, alcanzando su cima el
día 8 de marzo, cuando ocurren dos eventos importantes.
Ese día 8 de marzo el senador
Lindsey Graham recibió a los familiares de los secuestrados en Matamoros, e
inmediatamente después dio una conferencia de prensa donde anunció que
promovería un proyecto de ley para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de
los EUA contra los cárteles del narcotráfico en México, designándolos para ese
efecto como “Organizaciones Terroristas Extranjeras" (FTO, por sus siglas
en inglés).
La retórica de Graham en esa
conferencia fue emocional. Lanzó acusaciones y amenazas muy temerarias y
peligrosas contra AMLO, acusándolo de ser causa cooperante de los narcoterroristas
en su propósito de envenenar a los EUA, y amenazando con la intervención
militar en México. Cito textualmente las palabras de Graham: “Al presidente de
México, ha dejado que su país caiga en manos de narcoterroristas. Su capacidad
o su voluntad no existe hasta el punto de detener lo que creo que es el
envenenamiento de América. No nos dejas otra opción…Para el presidente de
México, el fentanilo es un arma de destrucción masiva que se está desatando
sobre Estados Unidos desde su país... Está permitiendo refugios seguros para que
estos grupos operen sin impunidad porque lo que está haciendo no está
funcionando”.
El prometido proyecto de ley no
tardó mucho en concretarse, fue solo cuestión de horas. El mismo día 8 los
senadores Rick Scott y Roger Marshall reintrodujeron la “Ley de Designación de
Terroristas del Cartel de la Droga”, cuyos propósitos centrales son los mismo
que anunció Graham en su conferencia de prensa, pero facultando también al
Tesoro de los EUA para congelar los activos de los cárteles y bloquear sus
transacciones monetarias. Inicialmente, dicha ley designaría formalmente a los
siguientes carteles como “Organizaciones Terroristas Extranjeras”: Facción
Reynosa/Los Metros del Cártel del Golfo, Facción de los Zetas del Cártel del
Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa.
Este plan de guerra contra AMLO
fue ideado y echado a andar por políticos republicanos. Sin embargo, a medida
que se ha desarrollado y escalado algunos políticos demócratas se han adherido
a la misma, entre los que destaca el senador Joe Manchin, de Virginia
Occidental, que es personaje importante en Washington DC, y quien posiblemente
se presente como candidato en las elecciones presidenciales del 2024. Y tampoco
podemos asegurar que el gobierno de Biden no apoyará a esos políticos
republicanos, lo cual aclaro enseguida.
La posición del gobierno de Joe Biden:
La posición de la rama ejecutiva
del gobierno de EUA es importante, sobre todo del Departamento de Estado,
porque de ella depende la designación oficial de las bandas de narcotráfico
como terroristas. El problema aquí es que la posición del gobierno de Biden es
incierta y engañosa si nos atenemos a los hechos consumados.
El 8 de marzo pasado, cuando la
guerra contra AMLO alcanzó su cima, la Casa Blanca declaró que clasificar a las
bandas de narcotráfico como terroristas no sería de utilidad porque “Estados
Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para
combatir las organizaciones de narcotráfico y las personas y entidades que las
habilitan.”
El 22 de marzo ocurre un giro
diametral en la posición del gobierno, cuando Antony Blinken, Secretario de
Estado, compareció ante el Comité de Gastos del Senado. En esa ocasión Lindsey
Graham, protagonista estelar de esta historia, sometió a Blinken a un duro interrogatorio
hasta llevarlo a afirmar que el gobierno de AMLO no estaba haciendo lo
suficiente para combatir a las bandas de narcotráfico y que las mismas ya
controlaban partes del territorio mexicano. Pero cuando Blinken declaró que tampoco
EUA estaba haciendo lo suficiente para el control eficiente de sus fronteras a
fin de evitar el tráfico de drogas, Graham le inquirió lo siguiente: “¿Qué tal
si mejor vamos a la fuente y declaramos a las organizaciones criminales
mexicanas como organizaciones terroristas foráneas bajo la ley de Estados
Unidos? ¿Lo consideraría?”. La respuesta de Blinken fue: “Sí, ciertamente
consideraríamos eso, pero no me queda claro (cómo eso) nos daría nuevas
herramientas o autoridades”.
Sin embargo, horas después vuelve
a ocurrir otro giro diametral que devuelve al gobierno a su posición original. Eso
ocurrió cuando Blinken, al comparecer ante el Comité de Relaciones del Senado,
y ya sin la presencia de Lindsey Graham, declaró muy favorablemente sobre el gobierno
de AMLO bajo los siguientes términos: “Estamos trabajando con México para
desmantelar a los cárteles. Con nuestro apoyo, México ha tomado acciones
significativas para desmantelar a organizaciones criminales, lanzarse contra
los cárteles y contra los líderes.”
A partir de esos comportamientos
podemos inferir que el control de la agenda en este tema lo tiene, no el
gobierno (Biden y Blinken), sino el grupo político que está implementando la
guerra contra AMLO. Si este grupo ejerce presión directa, el gobierno está
dispuesto a colaborar con ellos; pero si no existe esa presión, entonces el
gobierno se pone en razón. Y es por esto que afirmo que la posición del
gobierno de Biden es incierta y engañosa. Y bajo esas circunstancias, no
debemos descartar que el gobierno de Biden al final dé su apoyo a ese grupo
político. Si el gobierno está dispuesto a considerar la propuesta de ese grupo,
pese a reconocer su carácter arbitrario, nada impide que la apoye.
¿Los narcotraficantes son terroristas?:
Cada vez que alguien dice “Los
narcotraficantes son terroristas”, está incurriendo es un enunciado falso.
Podemos comprobar eso fácilmente con una regla de decisión derivada de la
noción de “verdad” como correspondencia, y que es la más antigua y usual en la
ciencia y en la vida diaria. Dicha regla de decisión consiste en determinar si
hay o no coincidencia entre lo que se habla y la cosa de que se habla, donde la
coincidencia es lo verdadero, y la no coincidencia es la falso. Para realizar
esta prueba le ofrezco las definiciones de terrorismo y narcotráfico que
construí a partir de otras definiciones que hasta ahora se tienen como válidas
o verdaderas por todos.
Definición del terrorismo:
Actividad criminal de bandas organizadas que recurren a la violencia para crear
alarma social con fines políticos.
Definición del narcotráfico:
Actividad criminal de bandas organizadas que recurren a la violencia para la
fabricación y/o venta de drogas ilícitas con fines económicos.
Entonces, cuando alguien dice
“Los narcotraficantes son terroristas”, está incurriendo en un enunciado falso,
porque no hay correspondencia entre lo que se habla (terrorismo) y la cosa de
que se habla (narcotráfico). En efecto, porque si bien es cierto que ambas
actividades tienen por característica común la violencia como medio, o sea, la
acción contraria a los ordenamientos legales y morales, difieren en cuanto a
sus fines: el narcotráfico tiene por fin último la ganancia económica y el
terrorismo tiene su fin último en la política.
Los políticos estadounidenses no
son tontos. Ellos saben que incurren en falsedad cada vez que definen a los
narcotraficantes mexicanos como terroristas. Es por eso que se han empeñado en
añadir caprichosamente al narcotráfico mexicano tantas características como sea
posible para que por fin sea equivalente al terrorismo en apariencia. La
historia con la que abrí este artículo nos da buena parte del inventario de
esas novedosas características añadidas al narcotráfico mexicano. Enseguida las
repito:
El narcotráfico está causando “desestabilización
regional en el Hemisferio Occidental” (Dan Crenshaw). La crisis del fentanilo
“es una epidemia desatada a propósito por los cárteles de Sinaloa y Jalisco”
(Merrick Garland). La crisis del
fentanilo es un acto de “depredación” contra EUA (William Barr). “El fentanilo
es un arma de destrucción masiva que se está desatando sobre Estados Unidos”
(Lindsey Graham)
El problema es que ninguna de
esas personas respaldó sus proposiciones con pruebas empíricas, de tal modo que
no pueden ser tomadas como verdaderas.
La tentativa más seria de estos
políticos para convertir al narco mexicano en terrorismo consiste en atribuirle
el control absoluto de algunas zonas del territorio mexicano, con lo cual creen
que ya le dieron un fin político. Esta proposición ya suena más responsable
porque es acerca de un hecho que es observable, y que muchos mexicanos han
verificado como cierto. Sin embargo, a esa argumentación yo podría presentar la
razonable objeción de que ese presunto fin político de los narcotraficantes es
en realidad un medio “adecuado” para garantizar el logro de su fin último y
verdadero: la ganancia económica. Mi objeción sería razonable porque también es
acerca de un hecho observable y que todos hemos verificado: a saber, los narcotraficantes
jamás se han ocupado en realizar alguna ideología política como fin último de
su actividad.
Pero la más importante prueba de
que esos políticos están equivocados es la misma disensión entre las clase
política de EUA en este tema. En efecto, recuerde lo que dijimos sobre la
negativa del presidente Joe Biden y la actitud escéptica de Blinken sobre esa designación
o clasificación de los narcotraficantes. Así pues, la misma disensión entre
ellos es la prueba de que es falso designar a los narcotraficante mexicanos
como terroristas.
Así que al final, seguimos en las
mismas: afirmar que las bandas de narcotráfico son terroristas es un enunciado
falso porque lo que se dice (terrorismo) no coincide con la cosa de que se
habla (narcotráfico).
Contra los despistados y mal
intencionados, debo advertir que mis argumentos en este apartado no constituyen
de manera alguna una defensa o apología del narcotráfico. Mis argumentos van en
defensa de las reglas que establece la razón a fin de que los procedimientos
cognoscitivos o de conocimiento resulten eficaces y tengan éxito. Debemos
llamar a las cosas por su nombre.
La necesidad de una política científica para atenuar el consumo de drogas ilícitas:
En teoría, hay una forma válida
de hacer política, o sea, una forma de hacer política de conformidad con reglas
de procedimiento estipuladas o reconocidas por todos los dotados de razón. Y como
ocurre en casi todas las actividades humanas del mundo moderno, en el caso de
la política las reglas las establece la ciencia.
En efecto, la política es una
ciencia o un conocimiento que incluye una determinada garantía de su propia
validez, y cuyos valores fundamentales son el conocimiento de máxima certeza,
la anticipación y el control de los problemas políticos. Como tal, la política
es también una técnica racional, es decir, un procedimiento regulado por normas
prescritas por la razón y provisto de una determinada eficacia. Y para ser más
precisos, la política es tanto una técnica simbólica o cognoscitiva, como una
técnica de comportamientos humanos (morales, económicos, políticos,
emocionales, etc.)
Podemos concluir que la política
debe sujetarse en la medida de lo posible a las prescripciones de las ciencias
que sean útiles en el conocimiento, cálculo y anticipación de los
comportamientos humanos. Solo de esa manera la política es eficaz en su
propósito, que es dirigir las acciones libres de los hombres en sociedad
(ciencia política)
Las drogas son drogas, no por sí
mismas, sino por cierto interés de los hombres en ellas, de donde resulta que
las drogas son un fenómeno del comportamiento humano. Cuando dicho interés está
apuntado a su utilidad como vehículo de estimulación placentera, las drogas se
convierten en cosas que serán generadas, intercambiadas y consumidas en los
mercados, ya sea ilegales o legales, y con lo cual las drogas pasan a la
categoría económica de mercancías. Y una vez que ha ocurrido esa transformación
de las drogas en mercancías, las mismas adquieren un conjunto de
características cuyo conocimiento verdadero y válido pertenece a la disciplina
de la ciencia económica.
Entonces, si un político se ha
propuesto atenuar el consumo de drogas a un nivel socialmente tolerable, tendrá
que diseñar una política que se atenga a los criterios o normas que prescriben
las disciplinas científicas que se conectan al problema (economía, sociología,
ética, política, derecho, etc.), pero dando primacía a la ciencia económica
dada la naturaleza económica de las drogas ilícitas. Solo de esta forma podría
acceder el político a un conocimiento verdadero y de máxima certeza que le hará
posible implementar una política con garantías de su propia validez y eficacia
en la anticipación y determinación de los comportamientos humanos individuales
y agregados en la producción, distribución y consumo de las drogas ilícitas.
Una política científica en ese
terreno necesita tener siempre a la vista las siguientes características
económicas del comportamiento humano con respecto a las drogas ilícitas.
La demanda y la oferta de drogas
ilícitas se entrecruzan y se determinan dinámica y mutuamente. En otras
palabras, las drogas ilegales existen porque hay personas que tienen interés en
consumirlas (Demanda), y porque siempre habrá personas dispuestas a insertarse
en el narcotráfico (Oferta) para abastecer o satisfacer esa demanda, lo cual es
un comportamiento ajustado al sistema de valores de la libre empresa, aunque
ilícito. Debido a esto, y en lo general, nunca habrá demanda de drogas ilícitas
insatisfecha mientras el narcotráfico (Oferta) sea un negocio rentable.
El aumento del riesgo para los
que se ocupan en el narcotráfico no inhibe la oferta, pero sí aumenta los
precios de las drogas ilícitas. Esto es así porque la demanda es técnicamente
inelástica (los consumidores son técnicamente insensibles al precio de las
drogas), por lo cual los narcotraficantes (Oferta) pueden administrar los
precios unilateralmente para mantener rentabilidad.
Entonces, si los políticos
estadounidenses realmente desearan atenuar el consumo de drogas en su país a un
nivel socialmente tolerable, tendrían que implementar una política científica
como la que hemos descrito antes. Para este fin, tendrían que diseñar técnicas
racionales para influir en cierta medida o grado en las variables que determinan
de manera significativa el comportamiento de la demanda y la oferta de drogas
ilícitas. Estamos hablando de un proyecto que compromete el empeño de influir
en una multitud de variables, como las siguientes, por mencionar las más importantes:
un cambio sustancial en el sistema de valores de la cultura estadounidense;
atenuación del estrés económico de los estadounidenses, y que tiene su origen
en los malos gobiernos; y la mejora o perfeccionamiento en sus sistemas de
prevención del delito, administración de justicia y de control de fronteras.
Difícilmente se le podrían poner
objeciones a una política de esa naturaleza, científica, porque sería
razonable, es decir, una técnica que elige los medios que, con la mayor
probabilidad posible, producirán el fin previsto: atenuación en el consumo de
drogas ilícitas a un nivel socialmente tolerable. Y aunque un proyecto así se
antoja vasto, complejo y complicado, no es imposible para EUA. Ese país tienen
a su disposición casi todos los medios indispensables para ese efecto. Poseen
instituciones suficientes, aceptablemente eficientes y con gran palanca
financiera: judiciales, económicas, educativas, científicas, bienestar, etc.
Pero lo más importante es que dos de las causas fundamentales del problema
están en su país: consumidores (Demanda) y bandas de narcotráfico
estadounidenses (Oferta)
La propuesta política estadounidense para desordenar y destruir al mundo humano:
El problema es que estos
políticos estadounidenses están actuando emocionalmente, o sea, no toman en
cuenta a los criterios o normas que las disciplinas científicas prescriben en
el campo donde se habrán de tomar las decisiones políticas en este caso: legislación
y gobierno sobre las drogas ilícitas. Es por eso que su discurso en este tema
es emocional: furia, miedo, terror, venganza, jactancias, alardes y, sobre
todo, voluntad de poder; afecciones todas que no tienen ninguna conexión con la
razón.
Es por lo anterior que su propuesta
de solución no ofrece técnicas racionales para influir en los comportamientos
humanos que determinan la oferta y la demanda de drogas ilícitas en su país. En
su lugar, solo proponen el recurso de la fuerza como única acción causal, que
es una solución emocional, y cuya técnica irracional pretende garantizar
infaliblemente un efecto o resultado (abatir el consumo de drogas en EUA), pero
que es pura arbitrariedad fundada en la vieja y salvaje noción del derecho del
más fuerte.
El recurso de la fuerza aparece
cuando pasan por encima de los criterios de la ciencia económica para afirmar
que la única causa de su problema es el mal radical de los narcotraficantes
mexicanos. El recurso de la fuerza aparece de nuevo cuando persisten en su falso
empeño de designar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, para
desde ahí justificar una intervención militar en México, y que es donde aparece
de nueva cuenta el recurso de la fuerza en toda su majestad.
En suma, la política de estos señores
NO ES CIENTÍFICA, sino que es más bien una política emocional que podríamos
llamar “política como fuerza”. En consecuencia, su técnica política NO ES
RAZONABLE, porque elige los medios que, con la mayor probabilidad posible,
agravarán el problema y producirán desorden y caos en ciertas latitudes del
mundo humano: EUA y México.
Si acaso la propuesta de “política
como fuerza” de estos señores se pusiera en vías de hechos, podemos anticipar
con máxima probabilidad que fracasaría y reportaría resultados contraproducentes
para EUA y México. Puedo aseverar esto porque tengo respaldo en las
prescripciones de la economía (ya lo abordamos antes) y en la experiencia
histórica en el tema. En efecto, al menos desde la era Nixon se han
implementado varias políticas de combate al narcotráfico del mismo tipo,
fundadas exclusivamente en la fuerza, y el mismo libre mercado se ha encargado
de nulificarlas con sus mecanismos automáticos y reportando resultados no
previstos y contraproducentes. En el balance final, los centros de producción y
distribución de las drogas ilícitas se han ido desplazado geográficamente desde
Colombia a México, y la producción, el consumo, los precios y la violencia se
han incrementado notablemente. Vamos, el gobierno de Felipe Calderón es un ejemplo
supremo de la forma en que la “política como fuerza” no resuelve el problema de
consumo de drogas, pero sí detona un crecimiento explosivo de la violencia a
niveles de salvajismo y brutalidad medievales.
El problema mayor es que esta
nueva tentativa de la “política como fuerza” añade dos componentes novedosos
que podrían empeorar los malos resultados previstos para EUA y México. Si acaso
algunas bandas del narcotráfico fueran clasificadas como terroristas, entonces
todas las personas insertadas en la cadena de producción, distribución y de
consumo de drogas ilícitas de esas bandas serían criminalizadas como
terroristas, y la abrumadora mayoría sin serlo. El resultado sería un aberrante
desorden de la justicia: millones de personas inocentes perseguidas y
encarceladas por terroristas. A su vez, una intervención militar en México podría
mandar a los mexicanos de golpe a una sociedad en estado de barbarie, es decir,
de “fuerza” sin ley y sin libertad. El resultado también sería aberrante: una
sociedad humana destruida a nombre de la conservación de la humanidad. Nada
nuevo bajo el Sol con esto último, por cierto, porque esa aberración ya se han
consumado en cada país donde ha intervenido la poderosa palanca militar de
Occidente a nombre de la humanidad: Irak, Libia y Siria.
El fanatismo político:
Los políticos estadounidenses que
han emprendido esta guerra contra AMLO son fanáticos, individuos que exaltan a
la fuerza como principio absoluto de la política, de donde resulta su
arbitraria transgresión de los límites de la razón.
Todos los argumentos de estos políticos
estadounidenses están apuntados a demostrar la necesidad de la fuerza como
solución. Sin embargo, son falacias, o sea, y parafraseando al filósofo
medieval Pedro Hispano: tentativas para hacer creer al auditorio “que es lo que
no es, mediante alguna visión fantástica, o sea, la apariencia sin existencia.”
La técnica de sus falacias está bastante clara, la explico enseguida.
Primero construyen sus premisas a
través de fantasías, para lo cual alteran la realidad para convertir al
narcotráfico en terrorismo, al fentanilo en un arma de destrucción masiva, y al
comercio de esa droga ilícita en un ataque deliberado a los EUA. Como ellos
saben que no tienen evidencia empírica para probar que esas fantasías son
verdad, proceden a llenar ese vacío
probatorio con el “juicio de expertos”, es decir, a tomar como prueba a
la “autoridad”. En otras palabras, para ellos las pruebas de que sus fantasías
son verdad están en su propia autoridad como políticos, legisladores y
burócratas, lo cual es ilegítimo por cuanto sabemos que la autoridad en todo
procedimiento probatorio es de la razón y la evidencia empírica. En este caso
están acudiendo a la conocida falacia de autoridad, que consiste en darle primacía
a la autoridad como prueba, no a la razón. Y una vez terminadas y puestas esas
premisas, concluyen categóricamente que es necesaria la intervención militar en
México para acabar con la presunta amenaza exterior que se cierne sobre su
país.
Son falacias, mentiras que se
quieren hacer pasar como verdades para engañar a la gente. Obviamente, su objetivo
no es demostrar y convencer con razones y hechos, sino persuadir, es decir,
tocar emocionalmente a su auditorio y moverlo a su favor echando mano para eso
de fantasías que detonen emociones desordenadas como el miedo, el terror y la
venganza, y valiéndose para ello de la autoridad como prueba falaz.
Las posibilidades de éxito de
esta tentativa de engaño masivo dependen de si el público compra o no compra la
falacia de autoridad como verdad. Si el público dice: “Esto es verdad porque lo
dijo Graham, porque lo dijo Barr, porque lo dijo Garland”, entonces ya cayeron
en el engaño. Pero si el público dice: “Necesito evidencia empírica que
respalde los dichos de estos señores”, entonces no cayeron en el engaño, lo
cual sería indicador de que la gente se está guiando con la autoridad de la
razón.
Toda esa técnica falaz de
argumentación es una expresión de su fanatismo. En efecto, se trata de un
empeño por hacer valer a su principio absoluto de la fuerza como verdad
transgrediendo sistemáticamente el orden que establece la razón a fin de que
los procedimientos cognoscitivos o de conocimiento resulten eficaces y tengan
éxito. El resultado es que estos señores están poniendo de cabeza a la verdad.
El mismo senador Lindsey Graham
se encargó de darnos prueba de ese fanatismo político con algunas de sus expresiones
durante su discurso atronador del día 8 de marzo. Ese día, luego de soltar sus
argumentos falaces sobre la necesidad de la intervención militar en México, Graham
dijo esto: “Si los estadounidenses no ven la necesidad de usar la fuerza
militar para detener el flujo de fentanilo, me sorprendería.” Bueno, en esas
palabras de Graham tenemos a la vista el fanatismo, o sea, el estado de
exaltación del que se cree dueño de la verdad absoluta, luego inmune al error y
al mal, y que por ello pretende que sus palabras tengan esa misma calidad de
absoluto para todos. Por eso Graham agrega “la necesidad” de que se haga lo que
él dice. Y de paso, tácitamente le dijo idiotas a todos aquellos que no estén
de acuerdo con él.
Luego, en ese mismo discurso
Graham exaltó a la fuerza como la solución de todos los problemas sin el menor
escrúpulo: “Vamos a desatar la furia y el poderío de Estados Unidos contra
estos cárteles.” Por cierto que con eso Graham trajo a mi memoria activa el
Génesis 6:13: “El fin de toda carne ha venido delante de mí; porque la tierra
está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré junto
con la tierra.”
Según los textos, sabemos que
luego Jehová se arrepintió al ver la monstruosa destrucción que había
ocasionado en el mundo y le prometió a Noé y a los suyos que no lo volvería a
hacer. Curioso comportamiento de Dios. Pero era el mundo antiguo, cuando los
dioses eran antropomórficos. Aunque siguen existiendo hombres que se complacen
en proyectarse como dioses terribles.
En fin, ellos están convencidos
de que la fuerza es la técnica infalible que resolverá el problema de consumo
de drogas en su país de una vez y para siempre. Pero están equivocados, porque
la razón es la única garantía de todo auténtico proyecto teórico o práctico que
se proponga el hombre.
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